No hay libertad sin justicia, y para garantizar que la justicia sea tal, se requiere que las personas tengan acceso al derecho (como norma), pero también a que exista un órgano que cautele la titularidad y ejercicio de los derechos y obligaciones. Se necesita, por tanto, de una buena administración de justicia que vele y de garantías a todos los intervinientes, que serán juzgados por un tribunal independiente e imparcial y serán
escuchados, donde tendrán la oportunidad de presentar evidencias y de controvertir la prueba contraria, la decisión deberá ser dictada dentro de un plazo razonable y que debe ser motivada producto de un proceso racional llevado por el juzgador.
Todo ello forma, pero no limita, la garantía del debido proceso que es un conjunto complejo y cambiante de garantías procesales, pero que no se limita a un campo netamente judicial. Intentar definirlo solo redunda en marginar sus contornos en un mundo cambiante, prueba de ello es que el debido proceso ha ampliado sus alcances a otras áreas en las cuales existe un órgano decisor, como en el derecho administrativo.
Esta obra procura analizar el debido proceso desde sus orígenes históricos hasta su aplicación extensiva al derecho penal (desde donde surgieron sus primeras nociones), al derecho civil, al derecho administrativo e incluso a algunos procedimientos especiales como el arbitraje; para relevar su importancia, muchas veces oculta tras las normas sustantivas.
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